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Norma (Identificación)
La ordenanza adhiere a la ley nacional 27499 (ley Micaela), estableciendo la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público municipal, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. La norma se enmarca en el reconocimiento a la militancia de Micaela García y a la necesidad urgente de prevenir los femicidios mediante la formación de agentes estatales con perspectiva de género. Fundada en compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y en fallos de la Corte IDH, la ordenanza establece que la capacitación debe ser continua, sistemática y transformadora, y no limitada a acciones esporádicas. El Departamento Ejecutivo será la autoridad de aplicación y deberá garantizar el inicio de los cursos en el plazo de un año desde la entrada en vigencia. También deberá asegurar la publicación de los niveles de cumplimiento por área y jerarquía, identificando a las autoridades responsables. El incumplimiento injustificado será sancionado. Se invita a las entidades intermedias a replicar las capacitaciones en sus espacios, promoviendo una política integral contra la violencia por motivos de género.