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Sandra Fodor, abogada e integrante del Centro de Formación Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, remarca que la capacitación judicial es esencial para garantizar el acceso a la justicia. Propone formaciones dirigidas a todo el personal del sistema, con lenguaje claro, enfoque accesible y perspectiva de género transversal. Destaca la relevancia de las leyes Micaela y Yolanda, que promueven capacitaciones obligatorias en género y ambiente, respectivamente, y defiende que estas deben ser prácticas y participativas, vinculando teoría con casos reales. Señala que el cambio climático no afecta a todas las personas por igual: mujeres rurales, migrantes o con discapacidad enfrentan mayores riesgos, lo que exige una integración constante de las perspectivas de género y climática en las decisiones judiciales y políticas. Promueve una justicia restaurativa y preventiva, y propone incluir género y ambiente en los exámenes de ingreso a la magistratura. Afirma que, sin equidad de género, no hay políticas ambientales efectivas ni justicia verdaderamente inclusiva.