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Valeria Rossi, secretaria del Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Ushuaia, compartió su experiencia en un caso ambiental emblemático promovido por una asociación civil, que logró visibilizar los daños provocados por la red cloacal y generó conciencia sobre prácticas contaminantes. Destacó que cualquier ciudadano puede recurrir a la justicia para defender el ambiente, ya que se trata de un derecho constitucional. La causa requirió un enfoque interdisciplinario, incluyendo el aprendizaje sobre sistemas de agua, cloacas y la geografía local, lo que evidenció la necesidad de capacitación ambiental en el Poder Judicial, como propone la Ley Yolanda.
También, valoró especialmente la participación ciudadana, que permitió demostrar el daño ambiental sin necesidad de pruebas judiciales complejas. Si bien no observó diferencias de género en los impactos ambientales, sí notó una mayor conciencia ecológica entre mujeres durante inspecciones. Concluyó que, además de aplicar la ley, es clave prever daños futuros y actuar con sensibilidad.