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La CEDAW (por sus siglas en inglés, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) es una convención internacional adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Conocida como la "Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres", constituye uno de los instrumentos más importantes en la lucha por la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.
La CEDAW busca garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, incluyendo la participación política, la educación, el empleo, la salud, la vida familiar y la protección contra la violencia. Obliga a los Estados que la ratifican a adoptar medidas legislativas, políticas y administrativas para prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación basada en el género.
Argentina ratificó la CEDAW en 1985, incorporándola a su ordenamiento jurídico. En 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, la CEDAW adquirió rango constitucional, lo que significa que tiene prioridad sobre las leyes nacionales y debe ser aplicada de manera directa por jueces y autoridades.
El Estado argentino, como parte de esta convención, tiene el deber de:
La CEDAW reconoce que las mujeres enfrentan desigualdades específicas en el acceso a recursos naturales, tierras y derechos ambientales. En este sentido, promueve la inclusión de una perspectiva de género en las políticas ambientales y en la lucha contra el cambio climático, garantizando que las mujeres, especialmente las rurales e indígenas, participen en la toma de decisiones sobre la gestión sostenible de los recursos y la protección del medio ambiente.